Archivos mensuales: junio 2016

El Supremo establece que la retribución por vacaciones debe incluir todos los conceptos retributivos ordinarios

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias sobre la retribución aplicable al período de vacaciones, a la vista de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sus sentencias de 22 de mayo 2014 en el asunto C-139/12 “Lock” y de 12 de junio de 2014, en el asunto c-118/13 “Bollacke”. La Sala, rectificando la anterior doctrina, considera que la retribución normal o media que ha de ser abonada a los trabajadores durante su período de descanso anual y que debe fijar la negociación colectiva en cada caso, según la normativa contenida en el artículo 7.1 del Convenio 132 OIT y en el artículo 7 de la Directiva 2003/88, ha de atender no obstante a la finalidad de descanso efectivo que tienen las vacaciones retribuidas y no puede disuadir o desincentivar su disfrute. Mientras duren las vacaciones anuales debe mantenerse la retribución del trabajador, que debe continuar percibiendo la retribución ordinaria.

Es por ello que en el caso de las empresas de contact center considerado en la primera de las dos sentencias simultáneamente deliberadas, un concepto como el de comisiones y/o incentivos a la producción variables y percibido con cierta habitualidad por los trabajadores de dicho sector debe ser incluido en la retribución normal o media a percibir durante sus vacaciones.

En el segundo de los recursos, referido a la empresa Telefónica Móviles España SAU, la Sala estima que, de los tres conceptos controvertidos en el caso, el bonus de devengo anual en función de objetivos es un concepto extraordinario y retribuye de por sí las vacaciones incluidas en el período anual considerado, por lo que no se añade al importe a percibir durante el período vacacional. Por el contrario el complemento de carrera comercial es un concepto fijo de devengo mensual y el complemento de disponibilidad es obligatorio para el personal que presta servicios en unidades que requieran un mantenimiento u operación permanente, por lo que ambos complementos deben ser incluidos en la retribución a percibir durante las vacaciones. Esta última sentencia cuenta con dos votos particulares concurrentes con el fallo pero que discrepan de la fundamentación expuesta en la decisión mayoritaria.

Acceda al comunicado de la Sala:

TS Sala IV 8 jun 2016

TS Sala IV 8 junb 2016

Comunicado Sala de lo Social 16 junio

 

¿Cómo funciona un Consejo de Administración?

En esta nota breve señalaremos a grandes rasgos cuáles son las principales líneas de funcionamiento del Consejo de Administración de una sociedad. En primer lugar, la regulación del Consejo se encuentra recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el Título VI.img_cual_es_la_estructura_de_un_consejo_de_administracion_de_una_empresa_3510_orig

  1. Organización y funcionamiento

La organización y funcionamiento en la sociedad limitada deberá estar recogida en los Estatutos Sociales comprendiendo las reglas de convocatoria y constitución del órgano, así como el modo de deliberar y adoptar acuerdos. En el caso de las sociedades anónimas, cuando los estatutos no dispusieran otra cosa, el consejo de administración podrá designar a su presidente, regular su propio funcionamiento y aceptar la dimisión de los consejeros. En ambos tipos de sociedades el Consejo debe tener más de tres miembros (pueden ser personas físicas o jurídicas), así como reunirse de manera obligatoria una vez cada tres meses.

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Mejorar en la gestión de RRHH

La comunicación bidireccional entre empleado y empresa es fundamental para conseguir la fidelización de nuestros trabajadores y una mayor fluidez en la transmisión de las políticas de la empresa y su interiorización por parte de sus integrantes.

Para la consecución de este objetivo es recomendable usar herramientas de gestión como el Portal del Empleado desarrollado por Grupo SCA, que no sólo trasciende más allá del ahorro en tiempo de gestión y costes relacionados con la distribución de documentos, sino que se convierte en una plataforma donde el trabajador va a disponer y gestionar toda su documentación laboral, – actualizarla y descargarla -, acceder a la información corporativa de la compañía, firma digital de la documentación laboral, posibilidad para el empleado de realizar consultas personalizadas, gestión de vacaciones, pago de dietas, viajes, hojas de gastos, etc.

Portal empleado

¿Cómo  puede acceder a la DEMO Portal de Empleado – Grupo SCA de forma gratuita?

Desde cualquier dispositivo, tendrá acceso a los datos relacionados con su empresa, disponiendo de un portal desarrollado con un diseño individualizado, adaptado a las necesidades corporativas de la empresa, con los contenidos y requisitos demandados.

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Las Competencias de la Junta General

La Junta General de Accionistas de las sociedades de capital es el órgano deliberante que decide sobre los asuntos propios de su competencia, fijados por la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC). Hace algo más de un año, la Ley ha sufrido una nueva reforma (Ley 31/2014) que ha supuesto una modificación en el funcionamiento, competencias e impugnación de acuerdos de la Junta General. En esta pequeña nota, vamos a valorar aquellos cambios que pueden afectar el día a día de cualquier tipo de empresa, una vez transcurrido un tiempo desde su entrada en vigor.

Actualmente, se otorga un mayor protagonismo en asuntos de gestión a la junta general, lo que conlleva una mayor atribución de responsabilidad al órgano de socios, como ocurre con la competencia exclusiva para decidir sobre la disposición o adquisición de activos esenciales; dicha obligación se recoge en el artículo 160.f) de la LSC y, de manera breve, afectaría a aquellos activos cuyo importe supere el 25% de activos del balance, si es que no se interpreta por la sociedad que, aunque dicha valoración sea inferior, se trate de un bien esencial. Además, recomendamos considerar directamente el valor de la propia operación, ya que nos podría ahorrar problemas futuros con los organismos públicos. La justificación del porqué extremar la precaución parte desde el momento en que el legislador no ha concretado que es un activo esencial –solo establece una presunción-, ni aclara de quién es la competencia para decidir sobre el carácter esencial del activo.

 

Por otro lado, en cuanto a la decisión de la Junta General para proceder a modificar los Estatutos Sociales, nos encontramos que se debe llevar a cabo mediante votación separada según se trate de artículos independientes o grupo de artículos relacionados. También se deberán votar separadamente los nombramientos, ratificaciones, reelecciones o separación por cada administrador de la sociedad, así como los acuerdos que no guarden relación entre ellos.

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Tributación de la indemnización recibida por resolución contractual antes del inicio del contrato

El 28 de agosto de 2013 el consultante, ciclista profesional, firmó con una empresa un contrato de trabajo (dentro del ámbito del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales) con vigencia de 1 de enero a 31 de diciembre de 2014. El 26 de diciembre, la empresa le comunica que el contrato no entrará en vigor el 1 de enero. Presentada demanda ante el juzgado de lo social, en acta de conciliación judicial de 18 de junio de 2015 ambas partes acuerdan una indemnización en favor del consultante de 37.500 € por resolución contractual.

Con carácter general, la regulación de las rentas exentas se encuentra recogida en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), que en su párrafo e) incluye como tales “las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. (…)”.

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