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Registro Jornada Diaria – Cambio Criterio ITSS

La Inspección de Trabajo ha emitido la instrucción 1/2017, cuyo contenido determina que la falta del control horario no será constitutiva de una infracción en el orden social, dando sentido y unificando criterios con las sentencias del Tribunal Supremo, de 21 de marzo y de 20 de abril, que establecían la no obligatoriedad de llevar un registro diario de la jornada de trabajo de los empleados.

Inspección advierte que la no obligatoriedad del registro no exime a las empresas de respetar los límites de tiempo de trabajo, ni impide a los inspectores emplear otros medios de prueba para controlar su cumplimiento.

La razón de la misma se sustenta en la necesidad de adaptar el criterio contenido en la Instrucción 3/2016 a la doctrina asentada por el Alto Tribunal siendo necesario adecuar la actuación inspectora a la interpretación que el Tribunal Supremo realiza sobre el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores en las actuaciones inspectoras en materia de registro de jornada.

Acceda a la Instrucción Técnica ITSS 01-2017

 

 

 

Videovigilancia en el ámbito laboral

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), mediante dos recientes sentencias, ha admitido el uso de las grabaciones de cámaras de videovigilancia para justificar dos despidos disciplinarios.

El Tribunal Supremo concluye la validez de las imágenes pese a que la Ley Orgánica de Protección de Datos prevé que el tratamiento de los datos de carácter personal – como serían las imágenesrequerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosaentendiendo el supuesto enjuiciado está incluido entre las excepciones legalmente contempladas, idoneidad, necesidad y proporcionalidad-, para no exigir dicho consentimiento.

La Sala de lo Social entiende que el tratamiento de las imágenes obtenidas, dirigido al control de la actividad laboral, no hay que someterlo al consentimiento previo de los trabajadores porque está dirigido exclusivamente al cumplimiento del Contrato de Trabajo, añadiendo además que el consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato que implica el reconocimiento del poder de dirección del empresario. En ambos casos, la empresa cuenta con un sistema de videovigilancia por razones de seguridad, no tratándose de una instalación oculta, conocidas por los trabajadores.

Ambos pronunciamientos recuerdan, que las facultades organizativas empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, quedando obligado el empleador a respetarlos. La constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de los mismos queda determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad.

En conclusión, a partir de este nuevo pronunciamiento, las empresas podrán utilizar las grabaciones de las cámaras de seguridad como prueba en el caso de que los empleados cometan un acto ilícito, sin que ello vulnere sus derechos fundamentales, siempre que sean conocedores de la existencia de cámaras de vídeovigilancia en su lugar de trabajo. Solo cuando las grabaciones tienen una finalidad diferente a la del cumplimiento del contrato de trabajo, es necesario solicitar el consentimiento expreso de los trabajadores afectados.

Indemnización de 20 días – indefinidos no fijos del sector público

El Pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que los trabajadores indefinidos no fijos del sector público, cuando son cesados por cobertura de la plaza que ocupaban, tienen derecho a una indemnización de 20 días por año de servicio con límite de 12 mensualidades, y no de 8 días por año como había indicado hasta ahora la jurisprudencia de la Sala en casos de ceses por amortización de vacantes.

El Supremo confirma que es procedente la indemnización de 20 días por año trabajado para una contratada indefinida no fija del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a la que se rescindió el contrato en marzo de 2013 por cobertura por concurso-oposición de la plaza que ocupaba.

En su resolución, el Supremo señala que ha modificado el criterio cuantitativo respecto de estas indemnizaciones en virtud de cuatro argumentos:

i.- porque la figura del indefinido no fijo, aunque es una creación jurisprudencial, ya es recogida en la Ley, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), aprobado por RDL 5/2015, de 30 de octubre, cuyos artículos 8 y 11-1 nos muestran que la norma diferencia al personal laboral en función de la duración de su contrato en fijo, por tiempo indefinido o temporal, pues en otro caso no habría empleado el vocablo indefinido y sólo habría distinguido entre fijos y temporales, lo que conlleva que el personal indefinido no sea equiparable al temporal.

ii.- porque el origen de la figura del personal indefinido, no fijo, “se encuentra en un uso abusivo de la contratación temporal por parte de algún órgano administrativo”. Cuando ese uso abusivo de la contratación temporal se lleva a cabo por empresas privadas el contrato se convierte en fijo, pero cuando lo hace la Administración, como el acceso a la función pública y a un empleo público en general debe hacerse con escrupuloso respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad, no puede imponerse esa novación sancionadora de la relación jurídica, por cuanto se facilitaría, igualmente, un acceso fraudulento a un empleo público, al eludirse la aplicación de las normas que velan por el acceso a esos puestos funcionariales y laborales, mediante concursos públicos en los que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.

iii.- porque la figura jurídica del contrato indefinido-no fijo es diferente del contratado temporal y del fijo, lo que plantea el problema de cuál debe ser la indemnización que le corresponda por la rescisión de su contrato por la cobertura reglamentaria de la plaza ocupada, por cuanto, al no tratarse de un contrato temporal, parece insuficiente la que hasta ahora le hemos venido reconociendo con base en el art. 49-1-c) del Estatuto de los Trabajadores (8 días por año), pues dadas las causas que han motivado la creación de esta institución, parece necesario reforzar la cuantía de la indemnización y reconocer una superior a la establecida para la terminación de los contratos temporales, “pues el vacío normativo al respecto no justifica, sin más, la equiparación del trabajador indefinido-no fijo a temporal como hemos venido haciendo”.

iv.- la ausencia de un régimen jurídico propio del contrato indefinido no fijo, que el Estatuto Básico del Empleado Público se ha limitado a reconocer sin establecer la pertinente regulación de sus elementos esenciales –en este caso, el régimen extintivo- “obliga a la Sala a resolver el debate planteado en torno a la indemnización derivada de la extinción de tal contrato, cuando la misma se produce por la cobertura reglamentaria de la plaza. En este sentido, acudiendo a supuestos comparables, es acogible la indemnización de veinte días por año de servicio, con límite de doce mensualidades, que establece el artículo 53.1-b) del Estatuto de los Trabajadores en relación a los apartados c) y e) del artículo 52 del mismo texto legal para los supuestos de extinciones contractuales por causas objetivas”.

La equiparación, añade la sentencia, no se hace porque la situación sea encajable exactamente en alguno de los supuestos de extinción contractual que el referido artículo 52 del Estatuto contempla, por cuanto que ese encaje sería complejo, sino porque en definitiva la extinción aquí contemplada podría ser asimilable a las que el legislador considera como circunstancias objetivas que permiten la extinción indemnizada del contrato.

La sentencia rechaza el recurso del abogado del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que concedió una indemnización de 19.214 euros a la trabajadora del CSIC cesada. Asimismo, también desestima el recurso planteado por la empleada, quien alegaba que no constaba que su plaza fuese sacada realmente a concurso ni tampoco que fuese cubierta como resultado de ese concurso.

Poder Judicial

¿Tienes una hipoteca con cláusula suelo? Recupera tu dinero y los gastos de formalización de la hipoteca

Con la entrada en vigor del “Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo”, se abre la puerta a que los clientes afectados por una cláusula suelo puedan reclamar las cantidades abonadas de más en tu hipoteca (Notaria, Gestoría, Impuestos y Tasación, más los intereses legales correspondientes).

En este artículo, te indicamos los principales fundamentos para que recuperes tu dinero, informándote de los pasos fundamentales a dar para ello. Sigue leyendo ¿Tienes una hipoteca con cláusula suelo? Recupera tu dinero y los gastos de formalización de la hipoteca

No es obligatorio el registro de la jornada diaria

El Pleno del Tribunal ha estimado, en parte, el recurso interpuesto por Bankia a la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de noviembre de 2015 que requería la exigencia de llevar un control de la jornada ordinaria, independientemente de la realización o no de horas extraordinarias.

El Supremo entiende que el deber de registrar la jornada a efectos del cómputo de horas extraordinarias no procede cuando éstas no se realizan, rechazando la posibilidad de efectuar una interpretación extensiva del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores que, únicamente, exige el registro de la jornada diaria cuando se realizan horas extraordinarias. Sigue leyendo No es obligatorio el registro de la jornada diaria

Auditoría Laboral

La auditoría laboral es el conjunto de actuaciones realizadas por profesionales independientes que llevan a cabo el análisis y revisión de la situación jurídico-laboral de una empresa, mediante el estudio de la documentación e información aportada por la misma, reflejando en un informe final la situación real de dicha empresa en cuanto al cumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social.

La auditoría laboral no es obligatoria en ningún caso, pero es conveniente la realización de esta por personal externo e independiente a los asesores de la misma, con la finalidad de valorar los posibles riesgos, contingencias y otros que pueden existir en materia laboral y de Seguridad Social para adelantarnos a futuras sanciones que se puedan producir como consecuencia de Inspecciones de Trabajo, por ejemplo. Sigue leyendo Auditoría Laboral

La baja por enfermedad común

Desde SCA te aclaramos todas las dudas en materia laboral, en este vídeo trataremos la baja por enfermedad común.

Grupo SCA presta servicios de externalización de la Administración de Personal & RRHH. Nuestro servicio incorpora el asesoramiento laboral personalizado en todas aquellas cuestiones y aspectos jurídico – laborales y de Seguridad Social que surgen en la operativa diaria de la empresa y ligado a la propia evolución de la relación laboral, como es el caso de la contratación, acuerdos específicos, nóminas, seguros sociales, condiciones de trabajo, faltas y sanciones, extinción del contrato, auditoría laboral, etc.

TEAC: La prestación por maternidad pagada por la Seguridad Social no está exenta en IRPF

En resolución de 2 de marzo de 2017 el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha concluido que no se encuentra exenta en el IRPF la prestación de maternidad percibida del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El TEAC resalta que la Ley del IRPF no recoge de forma explícita ninguna exención de dicha prestación cuando es abonada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y completa su fundamentación añadiendo que el trato fiscal diferenciado aplicable a las prestaciones por maternidad satisfechas por la Seguridad Social respecto a las prestaciones por maternidad satisfechas por los demás Entes Públicos, que sí estarían exentas por contemplarlo expresamente la Ley del Impuesto, no es algo caprichoso, sino que obedece a la distinta naturaleza de cada prestación. Sigue leyendo TEAC: La prestación por maternidad pagada por la Seguridad Social no está exenta en IRPF

Nuevas oportunidades de subvención en el País Vasco

¿Eres una empresa que desarrolla actividades de I+D+i en el País Vasco? ¿Todavía no conoces la convocatoria Hazitek que subvenciona estas actividades? Entonces te interesa seguir leyendo:

Os informamos de que recientemente el SPRI (la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial) ha sacado la convocatoria del Programa Hazitek 2017 en el País Vasco, donde subvenciona las actividades de I+D+i de las empresas y asociaciones (independientemente de su tamaño y de su forma legal) para potenciar proyectos de carácter competitivo o estratégico. Esta oportunidad finaliza el próximo 7 de abril de 2017. Sigue leyendo Nuevas oportunidades de subvención en el País Vasco