Archivos de la categoría Laboral

A vueltas con la exención de las prestaciones por maternidad

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a una particular frente al Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, organismo que dictó una resolución anulando la exención en la autoliquidación de IRPF de la interesada de la prestación por maternidad con cargo al INSS. La mujer no incluyó en su declaración los 8,993,60 euros que percibió en el ejercicio de 2013 en concepto prestación por maternidad al considerar que estaba exenta. Por ese motivo, finalmente tuvo que abonar 361,13 euros, que el Tribunal ordena ahora que le sean reintegrados con sus correspondientes intereses legales.

Tras analizar detalladamente el escrito y toda la documentación al respecto, la Sala estima í­ntegramente el recurso y establece que a dicha prestación debe de aplicarse el citado beneficio tributario, dado que el tercer párrafo del artículo 7 h) de la Ley 35/2006 de IRPF así­ lo regula y permite.

No hay que olvidar, afirman los magistrados en la sentencia, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social es una entidad gestora de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y que tiene encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la seguridad Social. De ahí­ que la prestación por maternidad percibida por la actora de ese ente púbico tiene que estar forzosamente incluida en el tercer párrafo del artículo 7 h) de la Ley, ya que ese precepto reconoce tal beneficio tributario, con carácter general.

Contra esta resolución cabe la interposición de recurso de casación que tramitará en su caso la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la que conoce de los asuntos de la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

Acceda aquí al contenido íntegro de la sentencia:

TSJ Madrid Cont 29 junio 2017

Claves de la nueva ley de autónomos

El Congreso aprueba la ley de reforma del trabajo autónomo que pretende impulsar el empleo por cuenta propia con ayudas económicas y menos trabas burocráticas. Los principales puntos son:

-Posibilidad para cambiar hasta cuatro veces en el mismo año su base de cotización.

-Alta y baja en el RETA, solo se cotiza por los días realmente trabajados

– Ampliación de la tarifa plana de 50 euros a un año, (antes 6 meses). Además, se podrá reemprender con tarifa plana tras dos años de haber finalizado la actividad (antes había que esperar 5 años). También se ha establecido una tarifa plana de 50 euros de cuota para las mujeres que se reincorporen al trabajo después de la baja por maternidad.

– Exención del 100% de la cuota de autónomos durante 12 meses por cuidado de menores o dependientes, para garantizar una mejor conciliación laboral y familiar.

– Reducción de los recargos por retraso en los pagos a la Seguridad Social a la mitad, pasando del 20% al 10% en el primer mes.

– Devolución del exceso de cotización de los trabajadores con pluriactividad sin que tengan que solicitarla.

-Deducción de un 20% de los gastos de suministros siempre que trabaje desde casa.

– Deducción por dietas y manutención con un límite de 26,67€ diarios (48,08€ si es en el extranjero) siempre que puedan comprobarse por medios telemáticos y cuando afecta directamente a la actividad.

– Se podrá compatibilizar el cobro del 100% de la pensión con la prolongación de la vida laboral para el empleo por cuenta propia.

– Se reconoce el accidente in itinere, accidente en el camino de casa al trabajo o viceversa.

Desde al Área Laboral de Grupo SCA, nos ponemos a su disposición para clarificarle cualquier duda.

Parte de Accidente Delt@: obligatoriedad, plazos y sanciones

Desde el área laboral de Grupo SCA, nos parece interesante recordar la obligatoriedad de tramitar los partes de accidente a través del Sistema Delt@, plazos para realizarlo, así como las posibles sanciones que pueden derivarse por el no cumplimiento de esta normativa ministerial.

En el siguiente cuadro explicativo damos a conocer en profundidad esta obligación y sus consecuencias.

Las posibles sanciones pueden ser:

Grupo SCA presta servicios de externalización de la Administración de Personal & RRHH. Nuestro servicio incorpora el asesoramiento laboral personalizado en todas aquellas cuestiones y aspectos jurídico – laborales y de Seguridad Social que surgen en la operativa diaria de la empresa y ligado a la propia evolución de la relación laboral, como es el caso de la contratación, acuerdos específicos, nóminas, seguros sociales, condiciones de trabajo, faltas y sanciones, extinción del contrato, auditoría laboral, etc.

La indemnización por despido debe incluir las primas de seguro de vida, médico y plan de jubilación

El Tribunal Supremo se ha pronunciado, en sentencia 386/2017, de 3 de mayo, sobre el cálculo de la indemnización por despido improcedente, suscitándose en el litigio la cuestión de si ciertas cantidades que eran abonadas al trabajador, forman parte o no de su salario a los efectos de calcular la correspondiente indemnización por despido.

El Tribunal Supremo declara la “naturaleza salarialde los importes abonados por las empresas en concepto de primas de seguro de vida y de seguro médico, así como las aportaciones empresariales a planes de jubilación, y concluye que dichas cantidades también deben formar parte del salario regulador de las indemnizaciones por despido.

Acceda aquí al contenido íntegro de la Sentencia.

Exención de las primas del seguro de enfermedad en parejas de hecho

La sociedad consultante abona la prima de seguro de enfermedad de una de sus empleadas y de la pareja de ésta con la que convive y con la que tiene dos hijos; la cuestión radica en si es de aplicación a la prima del seguro abonada para la cobertura de la pareja de la empleada la exención prevista en el artículo 42.2 c) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

De acuerdo con el artículo 42.2.c) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), en adelante LIRPF, están exentos los siguientes rendimientos del trabajo en especie:

“c) Las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad, cuando se cumplan los siguientes requisitos y límites:

1.º Que la cobertura de enfermedad alcance al propio trabajador, pudiendo también alcanzar a su cónyuge y descendientes.

2.º Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales por cada una de las personas señaladas en el párrafo anterior. El exceso sobre dicha cuantía constituirá retribución en especie”.

La única cuestión que se plantea es si la referencia al cónyuge -que se incluye en el primero de los requisitos- ampara también, cuando se de tal circunstancia, a la pareja del trabajador. Para resolver esta cuestión se hace preciso acudir al artículo 14 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18), en adelante LGT, donde se establece lo siguiente:

“No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales”.

Teniendo en cuenta esta prohibición de la analogía que opera en el ámbito tributario, sólo puede concluirse que la referencia al cónyuge que se contiene en el artículo 42.2.c) de la LIRPF no ampara a la pareja del trabajador.

Consulta Vinculante, de la DGT, núm. V0874-17, de 10 abril 2017

El periodo de prueba

Desde SCA te aclaramos todas las dudas en materia laboral, en este vídeo trataremos la el periodo de prueba.

Grupo SCA presta servicios de externalización de la Administración de Personal & RRHH. Nuestro servicio incorpora el asesoramiento laboral personalizado en todas aquellas cuestiones y aspectos jurídico – laborales y de Seguridad Social que surgen en la operativa diaria de la empresa y ligado a la propia evolución de la relación laboral.

Registro Jornada Diaria – Cambio Criterio ITSS

La Inspección de Trabajo ha emitido la instrucción 1/2017, cuyo contenido determina que la falta del control horario no será constitutiva de una infracción en el orden social, dando sentido y unificando criterios con las sentencias del Tribunal Supremo, de 21 de marzo y de 20 de abril, que establecían la no obligatoriedad de llevar un registro diario de la jornada de trabajo de los empleados.

Inspección advierte que la no obligatoriedad del registro no exime a las empresas de respetar los límites de tiempo de trabajo, ni impide a los inspectores emplear otros medios de prueba para controlar su cumplimiento.

La razón de la misma se sustenta en la necesidad de adaptar el criterio contenido en la Instrucción 3/2016 a la doctrina asentada por el Alto Tribunal siendo necesario adecuar la actuación inspectora a la interpretación que el Tribunal Supremo realiza sobre el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores en las actuaciones inspectoras en materia de registro de jornada.

Acceda a la Instrucción Técnica ITSS 01-2017

 

 

 

Videovigilancia en el ámbito laboral

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), mediante dos recientes sentencias, ha admitido el uso de las grabaciones de cámaras de videovigilancia para justificar dos despidos disciplinarios.

El Tribunal Supremo concluye la validez de las imágenes pese a que la Ley Orgánica de Protección de Datos prevé que el tratamiento de los datos de carácter personal – como serían las imágenesrequerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosaentendiendo el supuesto enjuiciado está incluido entre las excepciones legalmente contempladas, idoneidad, necesidad y proporcionalidad-, para no exigir dicho consentimiento.

La Sala de lo Social entiende que el tratamiento de las imágenes obtenidas, dirigido al control de la actividad laboral, no hay que someterlo al consentimiento previo de los trabajadores porque está dirigido exclusivamente al cumplimiento del Contrato de Trabajo, añadiendo además que el consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato que implica el reconocimiento del poder de dirección del empresario. En ambos casos, la empresa cuenta con un sistema de videovigilancia por razones de seguridad, no tratándose de una instalación oculta, conocidas por los trabajadores.

Ambos pronunciamientos recuerdan, que las facultades organizativas empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, quedando obligado el empleador a respetarlos. La constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de los mismos queda determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad.

En conclusión, a partir de este nuevo pronunciamiento, las empresas podrán utilizar las grabaciones de las cámaras de seguridad como prueba en el caso de que los empleados cometan un acto ilícito, sin que ello vulnere sus derechos fundamentales, siempre que sean conocedores de la existencia de cámaras de vídeovigilancia en su lugar de trabajo. Solo cuando las grabaciones tienen una finalidad diferente a la del cumplimiento del contrato de trabajo, es necesario solicitar el consentimiento expreso de los trabajadores afectados.

Indemnización de 20 días – indefinidos no fijos del sector público

El Pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que los trabajadores indefinidos no fijos del sector público, cuando son cesados por cobertura de la plaza que ocupaban, tienen derecho a una indemnización de 20 días por año de servicio con límite de 12 mensualidades, y no de 8 días por año como había indicado hasta ahora la jurisprudencia de la Sala en casos de ceses por amortización de vacantes.

El Supremo confirma que es procedente la indemnización de 20 días por año trabajado para una contratada indefinida no fija del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a la que se rescindió el contrato en marzo de 2013 por cobertura por concurso-oposición de la plaza que ocupaba.

En su resolución, el Supremo señala que ha modificado el criterio cuantitativo respecto de estas indemnizaciones en virtud de cuatro argumentos:

i.- porque la figura del indefinido no fijo, aunque es una creación jurisprudencial, ya es recogida en la Ley, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), aprobado por RDL 5/2015, de 30 de octubre, cuyos artículos 8 y 11-1 nos muestran que la norma diferencia al personal laboral en función de la duración de su contrato en fijo, por tiempo indefinido o temporal, pues en otro caso no habría empleado el vocablo indefinido y sólo habría distinguido entre fijos y temporales, lo que conlleva que el personal indefinido no sea equiparable al temporal.

ii.- porque el origen de la figura del personal indefinido, no fijo, “se encuentra en un uso abusivo de la contratación temporal por parte de algún órgano administrativo”. Cuando ese uso abusivo de la contratación temporal se lleva a cabo por empresas privadas el contrato se convierte en fijo, pero cuando lo hace la Administración, como el acceso a la función pública y a un empleo público en general debe hacerse con escrupuloso respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad, no puede imponerse esa novación sancionadora de la relación jurídica, por cuanto se facilitaría, igualmente, un acceso fraudulento a un empleo público, al eludirse la aplicación de las normas que velan por el acceso a esos puestos funcionariales y laborales, mediante concursos públicos en los que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.

iii.- porque la figura jurídica del contrato indefinido-no fijo es diferente del contratado temporal y del fijo, lo que plantea el problema de cuál debe ser la indemnización que le corresponda por la rescisión de su contrato por la cobertura reglamentaria de la plaza ocupada, por cuanto, al no tratarse de un contrato temporal, parece insuficiente la que hasta ahora le hemos venido reconociendo con base en el art. 49-1-c) del Estatuto de los Trabajadores (8 días por año), pues dadas las causas que han motivado la creación de esta institución, parece necesario reforzar la cuantía de la indemnización y reconocer una superior a la establecida para la terminación de los contratos temporales, “pues el vacío normativo al respecto no justifica, sin más, la equiparación del trabajador indefinido-no fijo a temporal como hemos venido haciendo”.

iv.- la ausencia de un régimen jurídico propio del contrato indefinido no fijo, que el Estatuto Básico del Empleado Público se ha limitado a reconocer sin establecer la pertinente regulación de sus elementos esenciales –en este caso, el régimen extintivo- “obliga a la Sala a resolver el debate planteado en torno a la indemnización derivada de la extinción de tal contrato, cuando la misma se produce por la cobertura reglamentaria de la plaza. En este sentido, acudiendo a supuestos comparables, es acogible la indemnización de veinte días por año de servicio, con límite de doce mensualidades, que establece el artículo 53.1-b) del Estatuto de los Trabajadores en relación a los apartados c) y e) del artículo 52 del mismo texto legal para los supuestos de extinciones contractuales por causas objetivas”.

La equiparación, añade la sentencia, no se hace porque la situación sea encajable exactamente en alguno de los supuestos de extinción contractual que el referido artículo 52 del Estatuto contempla, por cuanto que ese encaje sería complejo, sino porque en definitiva la extinción aquí contemplada podría ser asimilable a las que el legislador considera como circunstancias objetivas que permiten la extinción indemnizada del contrato.

La sentencia rechaza el recurso del abogado del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que concedió una indemnización de 19.214 euros a la trabajadora del CSIC cesada. Asimismo, también desestima el recurso planteado por la empleada, quien alegaba que no constaba que su plaza fuese sacada realmente a concurso ni tampoco que fuese cubierta como resultado de ese concurso.

Poder Judicial

No es obligatorio el registro de la jornada diaria

El Pleno del Tribunal ha estimado, en parte, el recurso interpuesto por Bankia a la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de noviembre de 2015 que requería la exigencia de llevar un control de la jornada ordinaria, independientemente de la realización o no de horas extraordinarias.

El Supremo entiende que el deber de registrar la jornada a efectos del cómputo de horas extraordinarias no procede cuando éstas no se realizan, rechazando la posibilidad de efectuar una interpretación extensiva del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores que, únicamente, exige el registro de la jornada diaria cuando se realizan horas extraordinarias. Sigue leyendo No es obligatorio el registro de la jornada diaria