La inexistencia del derecho al olvido en el mundo empresarial

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia de 9 de marzo de 2017 sobre el asunto C-398/15, ha señalado que la publicidad de los registros de sociedades tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica en las relaciones entre las sociedades y los terceros, buscando proteger los intereses de los terceros en relación con las empresas, considerando que estas sólo ofrecen su patrimonio social como garantía respecto a ellos. Por tanto, no existe vulneración si los datos personales de las personas físicas inscritas en un registro de sociedades se mantienen en el tiempo.

Para poder entender el motivo de esta pronunciación del Tribunal, es necesario introducir los antecedentes: El demandante, Salvatore Manni, impuso una demanda contra la Cámara de Comercio de Lecce en 2007 porque, a su juicio, la causa por la que no lograba vender los inmuebles de un complejo turístico era que en el registro de sociedades constaba que había sido administrador de otra sociedad que fue declarada en concurso de acreedores en 1992 y liquidada en el 2005. El Tribunal le dio la razón y ordenó a la Cámara de Comercio que hiciera anónimos los datos que relacionaban a Manni con aquella quiebra y le indemnizara por el perjuicio causado. La sentencia fue recurrida y los magistrados del Tribunal de Casación italiano pidieron aclaraciones a sus colegas europeos para determinar cómo aplicar, en este caso, la directiva sobre protección de datos de las personas físicas y la directiva sobre la publicidad de los actos de las sociedades.

Con base en lo anterior, justifica el Tribunal que es necesario que la información controvertida se mantenga en el tiempo incluso cuando la sociedad se haya liquidado, considerando la multitud de derechos y relaciones jurídicas que pueden vincular a una sociedad con actores en varios estados miembros, así como los diferentes plazos de prescripción de los distintos estados, que hace inviable señalar un plazo único a nivel europeo.

Bajo esta premisa, los países no pueden garantizar a las personas físicas, cuyos datos están inscritos en el registro de sociedades, el derecho a obtener, tras un determinado plazo a contar desde la liquidación de la sociedad de que se trate, la supresión de sus datos personales.

El Tribunal estima que esta injerencia en los derechos fundamentales de los interesados no es desproporcionada. Dos son los motivos que justifican esta decisión: los limitados datos personales recogidos en los registros de sociedades, y que las personas físicas que deciden participar a través de una empresa en los intercambios económicos sólo ofrecen su patrimonio social como garantía respecto a terceros, por lo que es lógico que estén obligadas a dar a conocer la identidad de dichas personas y sus funciones.

Pero esto son significa que no haya posibilidad de eliminar los datos anteriores, sino que en situaciones concretas podría producirse; para ello, habrá que analizar las razones legítimas propias de una situación excepcional concreta, siempre que haya pasado un plazo de tiempo suficientemente largo.