Nulidad del despido estando de baja médica

El Juzgado de lo Social n.º 33 de Barcelona aplica por primera vez la doctrina establecida por el TJUE en su sentencia de 1 de diciembre de 2016, según la cual, la incapacidad temporal de duración incierta o con perspectiva de prolongarse puede incluirse en el concepto de discapacidad a efectos de la tutela dispensada por la Directiva 2000/78 del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

El Juzgado concluye que el despido del trabajador accidentado, casi dos meses después del accidente y cuando seguía de baja médica, constituye una discriminación directa por razón de discapacidad, porque su despido ha supuesto una barrera al impedir su recuperación, y con ella, la participación en igualdad de condiciones en la vida profesional.

Su argumentación, viene dada por la interpretación del concepto de discapacidad, conforme a la Directiva 2000/78/CE, por tanto para poder calificar al trabajador como una persona con discapacidad, debe padecer dolencias físicas, mentales o psíquicas que supongan una limitación duradera para que el trabajador pueda desempeñar un trabajo en condiciones de igualdad con los demás trabajadores. Esto es, que en la fecha del hecho presuntamente discriminatorio, la incapacidad del interesado no presente una perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo, cuestión que corresponde al juez nacional valorar. En este supuesto, después de la prueba practicada, el Juez concluye que la respuesta ha de ser afirmativa, por cuanto la empresa ya conocía que su reincorporación no sería a corto plazo. Por tanto, la limitación que padecía el trabajadora constituía una limitación duradera y, por consiguiente, una situación de discapacidad a efectos de la Directiva 2000/78.

Actualmente, la doctrina de los Tribunales españoles calificaba los despidos de trabajadores en situación de baja o incapacidad temporal, improcedentes, pero no nulos entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2009. Sin embargo, en este caso concreto, el magistrado ha desafiado esa jurisprudencia, entendiendo que debía acogerse a la más reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que hace poco se había pronunciado en un caso similar en el que, si bien no había dado una respuesta contundente en este tipo de casos, sí que se abrió un resquicio para que, en determinados casos, el despido de un trabajador en situación de incapacidad de duración incierta debiera entenderse nulo.

La consecuencia de la declaración nulidad comporta la condena a la readmisión inmediata del actor, al pago de los salarios de tramitación devengados, y al pago de la indemnización solicitada por el trabajador, por daños morales y materiales

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