Modificación del plazo de prescripción de acciones

El pasado 6 de octubre se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 42/2015, de 5 de octubre de reforma de Ley de Enjuiciamiento Civil.

Uno de los cambios introducidos, y a nuestro entender de los más significativos, es el que se refiere a la reducción del plazo general de prescripción de las acciones personales. Hay que tener en cuenta que es la primera vez en más de cien años que se modifica el plazo de prescripción de obligaciones civiles. La reforma pretende obtener un mayor equilibrio entre los intereses del acreedor en la conservación de su pretensión y la necesidad de dotar de una mayor seguridad jurídica a la relación crediticia mediante un acortamiento del plazo de prescripción.

Dicha modificación implica que desde la entrada en vigor de la norma el 7 de octubre de 2015 tendremos tan solo 5 años y no 15 como hasta ahora para ejercitar ciertas acciones ante el incumplimiento de una obligación.

De este modo, tras la reforma, el artículo 1.964 de la LEC pasa a tener la siguiente redacción:

“1.- La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.

2.- Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.”

Este acortamiento en los plazos es de suma importancia puesto que son muchas las relaciones jurídicas que se van a ver afectadas por esta reducción por encontrarse dentro de ese supuesto de plazo general ya que como dice la propia norma, serán todas aquellas que no tengan un plazo especial de prescripción. A modo de ejemplo se ven afectas por el recorte del plazo:

  • Obligaciones que puedan surgir de la celebración de un contrato de compraventa.
  • Acciones derivadas del defectuoso cumplimiento, al haberse entregado cosa distinta o con defectos impropios.
  • Acción de resolución del contrato por incumplimiento.
  • Acción de un comunero contra la comunidad de propietarios para el resarcimiento de daños causados por los elementos comunes.
  • Acción de responsabilidad contractual ejercitada por la Comunidad de Propietarios, por entregarse las viviendas con vicios.
  • Acción del arrendador de un inmueble para la revisión de rentas.

¿Desde cuándo surte efecto la modificación legislativa? Lógicamente surte efecto para todas aquellas acciones personales que no tengan plazo especial de prescripción y que se inicien a partir de la entrada en vigor de la norma. ¿Tiene la norma efectos retroactivos? La Disposición Transitoria Quinta parece conceder también a aquellas acciones personales sin plazo especial pero nacidas antes de la entrada en vigor de esta Ley este mismo plazo y, para ello, remite al artículo 1.939 del Código Civil que dice textualmente “La prescripción comenzada antes de la publicación de este código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo”.  Lo que significa que el nuevo plazo para completar la prescripción se aplicará también a las ya iniciadas pero aún no consumadas antes de la entrada en vigor de la reforma legal, reduciendo hasta los cinco años contados desde el día en que se aplique la nueva ley, los plazos que antes pudiera tener el acreedor.

En resumen, la modificación implica que una vez transcurridos cinco años desde la entrada en vigor esta Ley, tendrá lugar la prescripción extintiva de la deuda/obligación, aunque la anterior regulación a la que estuviera sometida estableciera mayor plazo. Por lo tanto todas aquellas obligaciones que no tengan un plazo especial de prescripción y que hayan nacido antes del 7 de octubre de 2015, prescribirán o el 7 de octubre de 2020 o en la fecha en que finalice el plazo de quince años desde su inicio, si esto sucede antes del 7 de octubre de 2020.

Eso sí, lo que no hemos perdido con la reforma es la posibilidad de interrumpir la prescripción de las acciones que sigue siendo posible bien por su ejercicio ante los Tribunales, bien por reclamación extrajudicial del acreedor o bien por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor, tal y como reza el artículo 1.973 del Código Civil.

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