Nuevas funciones para notarios y registradores

Hoy ha visto la luz, después de un largo proceso de desarrollo, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. A través de este nuevo cuerpo legal, se facilita al ciudadano una regulación sistemática, ordenada y completa de los diferentes expedientes de jurisdicción voluntaria, mediante una actualización y simplificación de las normas relativas a su tramitación, al optar por un sistema más ágil y con un menor coste.

La innovación que supone la incorporación de esta ley a nuestro estado de derecho, resulta de la nueva encomendación de facultades que se le da a los notarios y registradores, al asumir éstos funciones anteriormente reservadas a poder judicial. El objetivo principal del presente texto legislativo es descargar a la administración de justicia y agilizar la tramitación de los expedientes, mediante su conocimiento por aquellos profesionales que más cercanía tienen con la materia, beneficiando en última instancia al ciudadano.

Por tanto, los jueces han sido objeto de una descarga de trabajo que afecta, únicamente, a funciones no jurisdiccionales. Se les reserva la potestad de resolver expedientes que afecten al interés público o al estado civil, precisen de especial tutela o impliquen una disposición, reconocimiento, creación o extinción de derechos subjetivos, así como cuando afecten a menores o personas con capacidad judicialmente complementada.

En este artículo, vamos a centrar nuestra atención en la enmendación de facultades que se les ha dado a notarios y registradores, dejando a un lado a los jueces y secretarios judiciales.

A los notarios, funcionarios públicos del Estado que deben proporcionar a los ciudadanos la seguridad jurídica que promete la Constitución, se les encomienda ahora el conocimiento de materias relativas a actos de carácter testamentario sucesorio, como es la declaración de herederos abintestato; la presentación, adveración, apertura y lectura, y protocolización de testamentos cerrados, ológrafos y orales, así como la designación de contador-partidor dativo. Además, se les añaden capacidades en materia de obligaciones, como es el hecho de la fijación del plazo de cumplimiento de obligaciones, ofrecimiento de pago y consignación de deudas.

También podrán llevar a cabo subastas voluntarias, y en materia mercantil, se les faculta para nombrar peritos para contratos de seguros, intervenir en procedimientos de robo, hurto, extravío o destrucción de títulos al portador y que se realicen, en su notaria, depósitos en materia mercantil. Asimismo, están habilitados para reclamar una deuda al acreedor, siempre que no haya oposición, y que permitirá la creación de un título ejecutivo extrajudicial.

Pero la principal reforma que se incluye, y la que más notoriedad ha obtenido, es la capacidad que se otorga a los notarios para casar, separar y divorciar. Ahora podrán celebrarse matrimonios ante nuestros notarios, encargados del Registro Civil, el alcalde o concejal (por delegación). En cuanto a los expedientes matrimoniales correspondientes, además del encargado del Registro Civil, el notario del domicilio de uno de los contrayentes podrá tramitar tales expedientes. Por último, podrán llevar a cabo separaciones y divorcios, siempre que exista mutuo acuerdo entre las partes y no envuelva a hijos menores de edad o personas incapaces.

Los Registradores también han visto acrecentadas sus facultades y, a partir de ahora, podrán convocar Juntas Generales de sociedades, constituir el sindicato de obligacionistas cuando no sea la entidad emisora la que lleva a cabo su constitución, y podrán nombrar auditor para el examen de cuentas anuales.

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