Junta General y Consejo de Administración: novedades introducidas por el Proyecto de Ley para la mejora del gobierno corporativo

El mes de mayo que acabamos de dejar atrás ha dejado importantes novedades en materia mercantil. En efecto, los dos últimos Consejos de Ministros no pueden pasar desapercibidos para los operadores económicos y es que, por un lado, el Gobierno presentó el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital (LSC) para la mejora del gobierno corporativo y por otro, el Anteproyecto de Código Mercantil, un proyecto ambicioso que viene gestándose desde el año 2006 y que dado su profundo calado será difícil que vea la luz antes de finalizar esta legislatura.

Gobierno corporativo

Hoy señalamos algunas de las novedades introducidas por el Proyecto de Ley para la mejora del gobierno corporativo, en concreto las que se refieren a la junta general de accionistas y al consejo de administración de las sociedades en general. Dedicaremos un próximo post a las novedades en relación con la regulación de las remuneraciones de administradores.

En relación con la Junta General y con el objetivo de reforzar el papel de esta y fomentar la participación accionarial, se amplían sus competencias, reservando a su aprobación operaciones societarias esenciales. Con este objetivo, la letra f) del artículo 160 LSC quedaría redactada del siguiente modo:

La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.

Asimismo, el artículo 161 amplía la posibilidad de intervención de la junta general en asuntos de gestión a la sociedad anónima.

En la misma línea de aumentar la participación de los accionistas, la reforma introduce el artículo 197 bis, que trata de garantizar que los accionistas voten de forma separada asuntos independientes, tales como el nombramiento, la reelección o separación de administradores y las modificaciones estatutarias.

Se modifica el artículo 190, extendiéndose el tratamiento de los conflictos de interés a todas las sociedades, esto es, la prohibición de voto del socio que resulte beneficiado.

La impugnación de acuerdos, recogida en el artículo 204, es una de las modificaciones más relevantes, puesto que desaparece la distinción entre acuerdos nulos y anulables, equiparando la eficiencia empresarial a la protección de las minorías. La acción de impugnación caducará en el plazo de un año y estarán legitimados los accionistas que reúnan una participación del 1 por ciento.

Para finalizar con las modificaciones más relevantes en relación con la Junta General, hay que hacer referencia al derecho de información de los accionistas (derecho a estar al tanto de la gestión de la sociedad). La actual redacción del proyecto de ley en relación con este derecho es llamativa, ya que lo limita en contra de la última doctrina jurisprudencial que lo considera un derecho autónomo. El artículo 197.6 es claro en este sentido:

En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el socio será responsable de los daños y perjuicios causados.

El objetivo, según establece la exposición de motivos de la reforma, es modular su ejercicio atendiendo al marco de la buena fe.

Con respecto a las novedades relativas al Consejo de Administración de las sociedades, y dejando las particularidades de las sociedades cotizadas para otra ocasión, el proyecto de ley tipifica con más detalles los deberes de los administradores, en concreto, los de diligencia y lealtad, así como el deber de evitar situaciones de conflicto de interés. Asimismo, se amplía el alcance de la responsabilidad de los administradores y se facilita la interposición de la acción social de responsabilidad. Por último, se incorpora un nuevo artículo (el 249 bis) que atribuye al consejo de administración como facultades indelegables aquellas decisiones que se corresponden con el núcleo esencial de la gestión y supervisión.

En los últimos meses estamos asistiendo a profundos cambios en materia mercantil. No hay que olvidar que la Ley de Sociedades de Capital es una ley “joven” y que a pesar de ello no estamos ante su primera reforma. Los beneficios o deficiencias que pueden acarrear los cambios legislativos solo pueden analizarse con el paso del tiempo y su aplicación práctica en el tráfico económico. En consecuencia, esta avalancha legislativa sorprende, sobre todo teniendo en cuenta que el futuro Código Mercantil está llamado a sustituir, en un plazo relativamente corto, a la Ley de Sociedades de Capital.

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