Últimas novedades sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

La Fiscalía General del Estado ha publicado la “Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015”. Se trata del único marco de referencia publicado hasta ahora y supone una interpretación de la reforma del Código Penal de 2015 desde el punto de vista de aquellos que la van a aplicar.

Por tanto, con la publicación de este documento se ha puesto en conocimiento de los fiscales los métodos que deben aplicar para valorar la eficacia de los planes de Compliance establecidos por las empresas con motivo de la reforma del Código Penal, que los convierte en indispensables para cualquier sociedad. Estos programas se rigen como una especie de auditoría dirigida a la prevención de las posibles actividades ilícitas que puedan cometer los directivos y empleados de las empresas, tanto públicas como privadas. De esta manera, la circular emitida fija los márgenes de actuación y unifica criterios respecto al alcance de esta exoneración.

La emisión de la Circular era, sin duda, un trámite necesario si tenemos en cuenta que se permite que se investigue a todos aquellos que, sin ser propiamente administradores o representantes legales de la sociedad, forman parte de órganos con capacidad para tomar decisiones, así como a los mandos intermedios, apoderados singulares y a otras personas en quienes se hayan delegado determinadas funciones.

Como se desprende del contenido, la fiscalía debe considerar si la acción investigada tiende a conseguir un beneficio, pero sin la exigencia de que éste se produzca, resultando suficiente que la actuación de la persona física se dirija de manera directa o indirecta a beneficiar a la entidad de que se trate. En todo caso, los fiscales se centrarán en cuatro únicas conductas que son susceptibles de generar un reproche penal a la empresa, siendo estas: (i) las insolvencias punibles, (ii) los recursos naturales y el medio ambiente, (iii) el blanqueo de capitales y (iv) la financiación del terrorismo.

Es necesario destacar que para que la empresa acabe siendo responsable es preciso un incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control de carácter grave por parte de las personas encargadas de tal labor.

Por lo que se refiere a las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, la Fiscalía General recuerda que “podrán demostrar su compromiso ético mediante una razonable adaptación a su propia dimensión” de los requisitos exigidos a entidades más grandes.

Todos los programas de Compliance deberán demostrar que no son de imposible apreciación práctica, promoviendo una verdadera cultura ética corporativa, así como expresando un compromiso corporativo que realmente disuada de conductas criminales.

Por último, subraya que las medidas adoptadas por la persona jurídica tras la comisión del delito pueden acreditar el compromiso de sus dirigentes con el programa de cumplimiento, como es la colaboración activa con la investigación, sin perjuicio del valor atenuante que pueda tener alguna de estas actuaciones.

En SCA contamos con un equipo profesional con amplia experiencia en la materia, que le asesorarán y apoyarán durante todo el proceso de implantación del programa de protección de su empresa. Para cualquier duda, puede ponerse en contacto con nuestro departamento legal aquí.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *