Retribución de los administradores: novedades introducidas por el proyecto de reforma de la LSC

Mucho se ha escrito sobre la retribución de los administradores de las sociedades mercantiles sin que a día de hoy se pueda decir con certeza cuál es el criterio con el que, definitivamente, podamos salvaguardar los intereses de los gestores de la sociedad sin margen de error.

El que el cargo de administrador sea o no sea retribuido no es en sí el problema, salvo en lo concerniente a la deducibilidad de ese gasto si no está contemplada dicha retribución en los estatutos sociales.Retribución Adores

El mayor problema se da cuando existe una dualidad de funciones en la persona que ejerce el cargo de administrador de la firma, es decir, cuando el administrador es, a su vez, directivo de la empresa: los denominados “consejeros ejecutivos”.

La tesis predominante hasta ahora es que dichos consejeros no pueden percibir ninguna remuneración distinta a la que perciben por el hecho de ser administradores. Se trata de la llamada “doctrina del vínculo” por la cual se entiende que prima la relación mercantil sobre la laboral y se entiende que toda la remuneración lo es por ser administrador, por lo que en base a ello los tribunales han llegado a anular acuerdos sobre retribuciones extra-estatutarias exigiendo a los consejeros la devolución de las cantidades percibidas y echando atrás la deducción fiscal practicada por dicho concepto.

Según los artículos 217 a 219 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, la regla general es la presunción de gratuidad. Es decir, salvo que los estatutos sociales dispongan lo contrario, se entiende que el cargo de administrador es gratuito. Así pues, si pretendemos que el consejero/administrador perciba una retribución y además ésta tenga el carácter de “deducible fiscalmente” el sistema retributivo debe constar en los estatutos con la suficiente determinación y concreción (entendiendo ésta en cuanto a lo cualitativo, sin que sea necesario como ya se aclaró lo cuantitativo). El quantum puede decidirlo la Junta, pero siempre sobre el esquema o criterio que se haya fijado estatutariamente. Sobre la cuantía, hemos de resaltar el hecho de que ya existen Sentencias que condenan a los administradores o consejeros a devolver a la sociedad determinadas cantidades porque se han venido en considerar “retribuciones tóxicas” o que corresponden a un interés “abusivo”.

Luego esta tesis hoy consolidada no distingue entre las retribuciones que percibe el consejero o administrador como tal y las que percibe cuando ejerce simultáneamente funciones directivas o ejecutivas, sino que las considera todas inherentes a dicho cargo, es decir retribución societaria.

Dicho todo lo anterior, el Proyecto de Reforma de la Ley de Sociedades de Capital en materia de gobierno corporativo, aprobado en Consejo de Ministros de 23 de mayo de 2014 y a día de hoy pendiente de tramitación parlamentaria introduce cambios de calado en este tema.

Así, se eliminaría respecto a las sociedades de responsabilidad limitada la necesidad de que la junta apruebe la remuneración para cada ejercicio social, equiparándose así con las sociedades anónimas, en que ya se preveía así.

También se admite, según el Proyecto, la distribución desigual de la retribución en función del cargo que ostente el consejero/administrador, revocando así la doctrina de la Dirección General de los Registros y el Notariado y se habla ya de la “razonabilidad de la retribución”, aludiendo así al tema de las “retribuciones tóxicas” al que hacíamos referencia más arriba:

La remuneración de los administradores deberá ser razonable, acorde con la situación económica de la sociedad y con las funciones y responsabilidades que les sean atribuidas. El sistema de remuneración deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad de la sociedad en el largo plazo.

Respecto a la remuneración consistente en una participación en los beneficios sociales y a la vinculada a las acciones, el Proyecto viene a flexibilizar la norma diciendo que estatutariamente se puede fijar un importe exacto o máximo.

El Proyecto separa ya dos tipos de remuneraciones resolviendo la hasta ahora gran duda de los administradores-directivos: por un lado la remuneración inherente al cargo de administrador que ha de constar en estatutos y ser aprobada por la Junta y, en segundo lugar, la retribución de los denominados “Consejeros Ejecutivos” que ha de constar en un contrato que detalle a su vez las funciones por las cuales se le va a retribuir. Ese contrato regulador de las funciones ejecutivas formalizado con el consejo, requerirá de mayoría de los consejeros sin que pueda votar el interesado. Como vemos, el Proyecto por fin se hace eco de la realidad societaria en que las compañías retribuyen a los consejeros ejecutivos fuera de los estatutos.

Esto, que a simple vista es un importante avance en cuanto a la clarificación de este espinoso tema, y que queda muy claro para la figura por ejemplo del Consejero Delegado puesto que es el Consejo quien delega en él determinadas funciones ejecutivas, se diluye cuando la gestión de la compañía la asume un Administrador Único, como ocurre en una gran parte de las sociedades españolas (especialmente Pymes) en las que coincide la figura del accionista mayoritario/administrador único/director general.

Como siempre, la prudencia nos indica que habremos de esperar a ver cómo se van pronunciando los tribunales respecto a la interpretación de estas cuestiones antes de poder entender un criterio como definitivo, por lo que hasta entonces deberemos conformarnos con llevar a cabo un asesoramiento eminentemente preventivo a los clientes en esta materia.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *